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12 de junio de 2015
DEI

Declaración del grupo participante en el Taller Socio-Teológico 2015 “Defensa de Territorios y Racismo en Abya Yala”

Desde la llegada de Europa a nuestro continente en 1492 se han establecido relaciones de poder y de dominación, las cuales se han mantenido históricamente y se evidencian en la actualidad mediante la discriminación hacia los pueblos originarios y afrodescendientes.

El caso de Costa Rica es una muestra de ello, pese a que en el año 2014 la sociedad costarricense se declara un estado multiétnico y pluricultural. Si bien el presidente Solís declaró: "Saludamos y celebramos que las y los diputados hayan dado este gran paso, que reconoce a Costa Rica como cuna de múltiples culturas y etnias, las cuales han enriquecido y engrandecido a nuestro país, y lo seguirán haciendo", la realidad es bien distinta. La invisibilización de los pueblos originarios y las comunidades afrodescendientes dentro de la sociedad costarricense es evidente. Respecto a este punto la diputada Maureen Clarke, el 6 de mayo 2015 en el periódico La Nación lo expresó: “En el caso mío yo me acostumbré tanto que lo único que queremos es que Costa Rica se quite la careta y acepte lo que somos: un país que no acepta la diversidad”.

Tomando en cuenta que en el año 1992 Costa Rica ratificó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde garantiza la protección y el respeto de las culturas de los pueblos originarios y tribales, sus formas de vida e instituciones tradicionales, además de la participación activa, y la consulta en los temas que les atañen. Enfatizando la conservación de la cultura, educación, derecho consuetudinario, derechos a sus tierras ancestrales.

Nosotros, participantes del Taller Socio-Teológico del DEI “Desconexiones decoloniales: luchas y espiritualidades de los pueblos originarios y afrodescendientes de Abya Yala”, provenientes de países como Honduras, México, Alemania, Costa Rica, El Salvador, República Dominicana, Cuba, Guatemala, Colombia, Venezuela, Brasil, Perú, Guna Yala/Panamá, con conocimiento de las situaciones por las cuales atraviesan los pueblos originarios y afrodescendientes en Costa Rica, reflexionamos algunos temas que queremos exponer a continuación:

La lengua materna para los pueblos originarios y afrodescendientes en Costa Rica, es uno de los pilares culturales que permite su auto identificación y pervivencia. Su convivencia entre culturas que tienen el castellano como un idioma impuesto por la colonización, ha generado que esta diferencia se imponga mediante el poder de una hegemonía lingüística y cultural que crea relaciones de discriminación hacia los idiomas originarios que contienen las verdaderas raíces de Abya Yala/América Latina.
Dentro del Estado Nacional de Costa Rica, que se considera incluyente, pluricultural y “feliz”, se presentan índices de discriminación que se han naturalizado y se evidencian en la imagen construida desde la población del centro del país hacia los hermanos y hermanas indígenas y afrodescendientes. Se les estigmatiza por su condición rural, se les percibe como inferiores, y este pensamiento arraigado en la población es ratificada por la visión de los representantes políticos que manejan lenguajes y prácticas discriminatorias.

No existe un trato igualitario con enfoque diferencial hacia los pueblos originarios y la comunidad afrodescendiente, pues no son valorados ni sus conocimientos, ni sus prácticas, ni su autonomía. Sobre todo el respeto de sus derechos fundamentales, en especial la relación de armonía y espiritualidad con la naturaleza, que frente al despojo ilegítimo de sus territorios y la complicidad o negligencia de las autoridades, ha conducido a las comunidades a tomar acciones que hagan valer con hechos su derecho al territorio-tierra, recibiendo por ello represiones políticas y una imagen distorsionada del movimiento indígena.

Para nosotros, en representación de la comunidad del DEI en Abya Yala/América Latina, en solidaridad con los pueblos originarios y las comunidades afrodescendientes, es trascendental dar a conocer lo siguiente:

1. Que el Estado costarricense no ha hecho valer la ley 6172 de 1977, que garantiza el derecho a la autonomía territorial de los pueblos originarios.

2. Que las comunidades indígenas Bribris, Broran (Teribes), Ngäbes-Buglé, Malekus, Bruncas, Huetares, Chorotegas, Cabécares son legítimas y nativas de sus territorios. Solicitamos que el Estado de Costa Rica reconozca a las comunidades como parte de esta sociedad, que respete y valore sus usos y costumbres, y que no se invisibilicen.

3. Que nos adherimos a la lucha de los pueblos originarios y afrodescendientes del Abya Yala, para no permitir que empresas privadas y transnacionales sigan acaparando los territorios para la implementación de monocultivos, proyectos de explotación minera y construcción de hidroeléctricas en los territorios de los pueblos originarios, por el derecho a su autonomía y al goce de una vida digna para ellos y las nuevas generaciones.

4. Repudiamos las prácticas de persecución política, encubiertas con artificios pseudo-jurídicos, contra las personas líderes de los pueblos originarios, las cuales luchan por la supervivencia, la recuperación y seguridad territorial de sus pueblos, así como por su derecho a la libre determinación.

5. Exigimos al Estado costarricense que acate la resolución 321/12 de medida cautelar dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a favor de los pueblos indígenas Teribe y Bribri de Salitre, con fecha del 30 de abril del 2015.

6. Solicitamos que el Estado costarricense asuma de manera seria y congruente, la necesidad de elaborar políticas eficaces que promuevan la afirmación de la cultura afrocaribeña y que reviertan la discriminación de la población afrodescendiente en Costa Rica.

San José, Costa Rica, 15 de mayo del 2015
Participantes del Taller Socio-Teológico 2015.
Departamento Ecuménico de Investigaciones

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